Los primeros acuerdos de la Democracia
El principal foco de atención de los medios de comunicación a la vuelta del verano de 1977 e iniciado el Otoño, fue el regreso de Josep Tarradellas, como presidente de la Generalitat de Cataluña, que suponía el restablecimiento provisional de la Generalitat, en la persona de quien había representado en el exilio las instituciones catalanas, reconocida en el Estatuto de Autonomía aprobado en la Segunda República. Esta medida favoreció la distensión con los grupos nacionalistas y contribuyó a integrarlos en las tareas del Congreso y del Senado haciendo valer las movilizaciones al grito de “amnistía, libertad y estatuto de autonomía”. El reconocimiento de la Generalitat catalana, se hizo extensible, varios meses más tarde, al restablecimiento también provisional del Gobierno Vasco. Obviamente todas estas decisiones, suscitaron rechazo y animadversión en los sectores del franquismo y sectores de Alianza Popular.
En segundo lugar, la mayor preocupación era la situación económica y con el fin de afrontarla con carácter previo a los trabajos parlamentarios, el Gobierno convocó varias reuniones con los líderes de los grupos políticos con representación parlamentaria, en el palacio de la Moncloa, para explicar la necesidad urgente de afrontarla. Con este objeto, un grupo de expertos principalmente del círculo próximo al vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, y la presencia de algún representante de la oposición, redactó un documento que contenía un conjunto de medidas económicas y políticas que fueron aprobadas por el Congreso, a mediados del mes de Octubre y denominados Pactos de la Moncloa. Estas medidas crearon un ambiente muy positivo e incluso optimista en el conjunto de la sociedad, aunque hubo reticencias especialmente parte de los sindicatos (CCOO y UGT) y negativa de los empresarios (CEOE). Uno de los factores determinantes de los Pactos de la Moncloa fue el descontrol de los precios, iniciado en el año 1973, tras la subida del precio del barril de petróleo, que pasó de 3 dólares a 12 dólares en el último trimestre del año, por causa de la guerra del Yom Kipur. En el verano de 1977 el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzaba el 26% en tasa anual y finalizó con el 24%. Frente a esta situación que alarmó al Gobierno, se aprobó para la contención de precios y salarios, una cláusula de revalorización de los salarios, ex antes y no a posteriori, a fin de contener en el año 1977 el aumento de los salarios próximos al 30% anual. Los empresarios recién constituida la CEOE, no firmaron los Pactos de la Moncloa, según informaron en un comunicado firmado el 12 de Octubre de ese mismo año, por no haber sido invitados los empresarios a su elaboración y por no recoger aspectos relativos a la libertad de mercado y al despido, así como otros motivos. Incorporaban los citados Pactos, un conjunto de medidas financieras, fiscales y monetarias y ayudas sociales. Destacaron, de una parte las inversiones en la creación de miles de puestos escolares, la creación de un fondo para atender el seguro de desempleo, ante la previsión de un fuerte incremento del paro, el aumento de la dotación para las pensiones, determinadas restricciones crediticias y la puesta en marcha de una reforma fiscal que permitiese incrementar los ingresos del Estado y reducir el déficit público. Unos meses antes de la aprobación de los Pactos de la Moncloa, se había llevado a efecto una devaluación de la peseta para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos, medida que permitió detener la intensa salida de reservas de dólares para pagar las importaciones. De otra parte, los Pactos de la Moncloa, incluían varios capítulos de reformas políticas, relativas a los derechos de reunión asociación, libertad de información, medios de información del Estado, así como a la reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código de Justicia Militar. Buena parte de este programa de reformas se empezaron a tramitar y debatir en el transcurso del año 1978, aunque no todas.
En tercer lugar, fue aprobada la amnistía, a mediados del mes de Octubre, que era una reivindicación de los partidos políticos nacionalistas, principalmente vascos, apoyados por la oposición. El precedente lo fue el indulto concedido el 25 de Noviembre de 1975, con ocasión de la coronación del Rey Juan Carlos y una amnistía del nuevo Gobierno de Suárez en Julio de 1976. En este contexto, ETA, principal grupo terrorista, continuó una confrontación armada contra el Estado con sucesivos atentados terroristas, que se sucedieron en el primer semestre de 1977. Los partidos de la oposición, principalmente el PNV, celebradas las elecciones generales del 15 de Junio, estaban convencidos que una nueva amnistía contribuiría a la pacificación terrorista de País Vasco y dado el convencimiento que manifestaban los representantes del PNV de que sería la medida de gracia definitiva, el Gobierno presentó un proyecto de Lay que se aprobó el 14 de Octubre de 1977 en el Congreso y posteriormente en el Senado, casi por unanimidad. Todos los presos de ETA condenados, fueron saliendo de las cárceles en las semanas siguientes y estaban libres en la Navidad de 1977. Poco duró la tregua de ETA que volvió a asesinar y realizar actor terroristas, ante la consternación y perplejidad de los miembros del Gobierno, del Congreso, del Senado y de la sociedad. Sólo en el año 1978, asesinó a 66 personas y continuó muchos años desestabilizando la incipiente democracia, que pudo vencer a ETA, transcurridos 34 años más tarde, en el año 2011, siendo Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que debemos su contribución al fin de ETA y un gran reconocimiento por esa victoria histórica.
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