domingo, 30 de marzo de 2025

Verdemar E.A. pide agilidad en el trámite sobre el proyecto de depuración de aguas residuales en San Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera.

 


 Verdemar E.A. pide agilidad en el trámite sobre el proyecto de depuración de aguas residuales en San Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera.

La Consejería de Agricultura , Pesca, Aguas y Desarrollo Rural en el anuncio de 18 de marzo de 2025, por el que se da publicidad al acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita. Es un acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el Proyecto «Agrupación de vertidos y EDAR de San Pablo de Buceite (Cádiz)», cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz),

Verdemar Ecologistas en Acción ya presentó sugerencias en 2023. Es absolutamente necesaria la depuración de estas aguas residuales que apoyamos el proyecto y apostamos por  que los trámites se hagan a la mayor brevedad posible.
San Pablo de Buceite vierte el agua residual asociada a una población de 1.708  habitantes (hasta 1.836 en época  estival) de forma directa al río Guadiaro y al arroyo de la Purga Díaz, el cual desemboca también en el  río Guadiaro,  sin ningún tratamiento previo. 




Por otra parte, no entendemos la paralización desde 2020 del proyecto que tiene por objeto conducir los vertidos de los núcleos poblacionales de San Martín del Tesorillo, El Secadero y el diseminado de Montenegral Alto hacia la ubicación de una nueva estación depuradora, y tratar dichos vertidos para que se puedan verter las aguas depuradas a los cauces públicos cumpliendo la normativa en vigor.

De esta manera se dota a estos núcleos de un sistema de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada previamente a su vertido, que de no serlo afectaría negativamente a la población y al medio ambiente. Con ello se da respuesta al mandato de la Directiva 91/271/CEE, que impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de las aguas residuales

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